El diputado a la Asamblea Nacional y vicepresidente de la Comisión de Política Interior, Armando Armas, considera absolutamente imprescindible diseñar un nuevo registro de identidad y empadronamiento de la población mediante el uso de nuevas tecnologías, con lo cual, una vez que cese la usurpación, se podrán realizar elecciones libres, justas y limpias.
El planteamiento fue realizado en el marco de la Conferencia Consensus 2019, reunión anual del mundo de la tecnología que se llevó a cabo en Nueva York. Durante su exposición explicó que la base de datos de identificación y el padrón electoral venezolano no sólo son inaccesibles para el gobierno legítimo de Guaidó, sino que han sido vulnerados y no son confiables.
Para tener elecciones libres debe cesar la usurpación y crearse uno nuevo registro de identidad de modo eficiente y seguro, con el fin de emitir datos apropiados para los ciudadanos dentro y fuera de Venezuela. Para ello debemos apalancarnos en el régimen legal vigente y en tecnologías de última generación como blockchain, inteligencia artificial y plataformas móviles, dijo.
El también miembro del Comité de Postulaciones Electorales de la AN, señaló que con el secuestro de los sistemas de identidad el régimen usurpador de Nicolás Maduro ha venido controlando, persiguiendo, chantajeando y castigando a la población, lo cual ya se venía haciendo desde el gobierno de Hugo Chávez, quien en 2003 entregó el manejo todo el registro de Venezuela a Cuba. Con la depuración y manejo correcto del sistema, este dejaría se ser instrumento de control político.
Juan Guaidó ha prometido el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Estamos trabajando para cumplir esta ruta. Para ello es imprescindible crear un sistema moderno, confiable y relativamente económico, con el añadido de brindar un nivel de protección de la información que ninguna base de datos oficial, en la actualidad, puede ofrecer.
Finalmente, indicó que las leyes vigentes permiten buscar la innovación tecnológica como mecanismo para garantizar los derechos ciudadanos, la inclusión, la eficiencia administrativa y ponerlas al servicio de la gente.
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